Por:
Carlos Mario Marín Ossa*
En
Colombia la Ley 100 de 1993 ha matado más compatriotas, que los caídos en medio
del conflicto armado desde el mismo año. Es una verdad de a puño. Todos los
ciudadanos nos quejamos por la mala calidad del sistema de seguridad social en
salud (hay que recordar que también dicha Ley reglamenta las pensiones y los
riesgos profesionales), pero no hemos sido capaces de articular un movimiento
sólido para obligar al gobierno a cambiar un sistema tan perverso.
En
el diseño de la Ley 100 de 1993, participaron los expresidentes Cesar Gaviria
Trujillo, Álvaro Uribe Vélez y el actual, Juan Manuel Santos Calderón. El
ministro de salud en ese momento era el fallecido Juan Luis Londoño de la
Cuesta, quien luego fue también ministro
en el primer gobierno de Uribe. Todos
con intereses en el negocio.
Esta
Ley es perversa por la conjugación de muchas razones entre las cuales se
encuentran las siguientes:
1. Fue una reforma desarrollada por
colombianos de las clases ricas del país (pensando en el negocio que
establecerían y que efectivamente establecieron), que siguieron los
lineamientos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del
Consenso de Washington; instituciones que no buscan el bien del país y sus
gentes, sino que impulsan y obligan políticas nacionales que beneficien la
actividad económica de transnacionales y corporaciones de los países de origen,
de los dirigentes de las mencionadas instituciones.
2. Porque 18 años después, ninguno de los
postulados incluidos en ella se cumplen, tales como proveer servicios de
calidad a todos los habitantes sin importar su capacidad de pago, protección
integral, digna y humanizada, cumplir con los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad; o los derechos consagrados en la Constitución
Política en los artículos 48 y 49 que garantizan la atención en salud como un
servicio público a cargo del Estado.
3. Porque nace como un esquema de
competencia “regulada” donde existen incentivos de mercado para la prestación
de los servicios de salud; lo que quiere decir se rige por el ánimo de lucro en
donde lo importante son las ganancias monetarias y no las ganancias sociales de
tener una población sana y bien atendida.
4. Porque sus impulsores, hacen parte de
una casta económica que legisla en favor de sus intereses particulares y no
pensando en el bien de toda la población colombiana. Ello se ha visto a través
de estos años, cuando se descubren casos como el del grupo empresarial
Saludcoop (Saludcoop EPS, Cafesalud y Cruz Blanca) el cual destinó dineros
públicos de la salud para construir edificaciones y centros vacacionales con
intereses privados de sus dueños y administradores, en tanto que miles de
colombianos se morían por falta de atención. Además de ello se dedicó este
grupo (al igual que otros) a cobrar los medicamentos y otros servicios hasta
por un 200% más caro del promedio. En este grupo empresarial, aparece
involucrado uno de los flamantes expresidentes, sin que a la fecha haya
claridad al respecto.
5. Porque la creación de las EPS se
justificó sobre la idea de que se iba a mejorar el servicio, se disminuirían
los gastos, se ampliaría la cobertura entre otros. Pues bien, en 1993 el gasto total en salud en
Colombia era de 3,26 billones de pesos y para el año 2009 ascendía a 34
billones de pesos (un incremento del 1000%), sin que la calidad haya mejorado
(antes bien es muy deficiente) y la cobertura debe ser lógicamente mayor, ya
que la población también ha aumentado. Para el año 2011 el 25% del dinero que
financia el sistema de salud, corre por cuenta de los aportes de los
trabajadores y el resto se cubre con dinero público. La administración del
sistema de salud pasó en 1993 de 6,7% del gasto de la Nación a un 15% en 2011;
y de acuerdos a diversos estudios, las EPS se quedan como ganancia con el 30%
de los recursos de la salud en Colombia.
6. Porque además de todos los males que
ha inflingido a la población colombiana, al no garantizar el acceso efectivo a
la salud en todos los niveles, incluida la promoción y prevención (que es más
económica que la atención del paciente cuando ya está enfermo, pero que en el
último caso es donde está el negocio, ya que el enfermo demanda medicamentos,
exámenes, camas, personal, hospitales, alimentación, sábanas y demás); ha
limitado hasta el absurdo la autonomía médica y ha convertido a los
profesionales y trabajadores de la salud en mercenarios unas veces y en
esclavos las más; al trabajar mediante contratos sin garantías laborales plenas
y sin ninguna estabilidad.
7. Porque el sistema de salud con la Ley
100, se construyó como una salida a la crisis del sistema financiero nacional e
internacional; a los banqueros y aseguradores se les entregó la responsabilidad
de administrar los recursos que deben garantizar la vida, la salud y la dignidad
de los seres humanos que habitan Colombia. Es bien sabido que los dueños del
sector financiero no se caracterizan por trabajar por el bienestar social, sino
por el logro de sus ganancias aunque se deba sacrificar cualquier otro interés.
Si
se necesitan ejemplos cercanos, basta con mirar las largas filas de pacientes
que se agolpan a las puertas de los hospitales Santa Mónica y San Jorge en
Dosquebradas y Pereira respectivamente, sin que logren ser atendidos con todo
el rigor en cuanto a calidad, celeridad y efectividad se refiere. También
encontramos los casos de aquellos que cotizan a las EPS tales como Nueva EPS,
Saludcoop y demás en el área metropolitana y que pese al dinero que aportan no
tiene la garantía de un servicio adecuado y oportuno; en tanto que deben acudir
a la tutela, para que les sean respetados sus derechos. El personal médico y
asistencial, administrativo y de servicios generales de los centros
hospitalarios y de salud, son contratados por pocos meses y tratados sin
respeto a sus calidades intelectuales, profesionales, éticas, morales y
humanas. Un caso palpable se viene viviendo en el Hospital Santa Mónica de
Dosquebradas, en donde se desconocen mandatos de la Corte Suprema de Justicia
en lo referente a la contratación y siguen siendo manoseados en intimidados por
los administradores. Todo hace parte del mismo plan de enriquecimiento por
parte de los dueños reales del sistema de salud.
Es
hora entonces de comenzar seriamente un movimiento nacional que obligue a la
derogación de la Ley 100 de 1993 y que aísle políticamente a los gobernantes
que se empecinan en hacerse los de la vista gorda ante el sufrimiento de los
colombianos y los desmanes los propietarios del “negocio” de la salud. No
esperemos hasta tener en nuestra casa un muerto de Ley 100 para decidirnos a
tumbar el sistema perverso.
Movimiento
de apoyo nacional impulsado por el Comité de trabajo político y social de Base
“Orlando Fals Borda”-PDA
@MarioossaM
Ahora lo que toca es encrustarnos en el movimiento nacional por su derogatoria, creando los equipos de usuarios del sistema de salud, articular la Veeduría a la red de veedurías de Pereira, es decir, ayudar a construir los instrumentos organizativos, empoderarlos, legitimarlos en la opinión e imaginarios de los usuarios, la opinión pública y articular este movimiento al de otros servicios, donde el de la educación es vital para poder entender estos fenómenos
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